La Sala IV es indispensable para la DEMOCRACIA

Igual que al ICE, hay que defender a la Sala IV

Costa Rica ha construido su democracia sobre una arquitectura institucional que, con sus imperfecciones, ha logrado algo poco común en América Latina: garantizar derechos, limitar el abuso del poder y sostener un Estado de derecho funcional. Dentro de esa arquitectura, dos instituciones ocupan un lugar estratégico e irremplazable: el ICE y la Sala Constitucional.

El ICE —objeto de reiterados intentos de desmantelamiento o privatización a lo largo de los años— ha sabido despertar la movilización ciudadana cada vez que ha sido amenazado. Los costarricenses han entendido, con buen instinto, que entregar ese activo estratégico significaría perder soberanía sobre infraestructura crítica y transferir renta nacional a intereses privados o foráneos. La defensa del ICE ha sido, en ese sentido, un acto de inteligencia colectiva.

Pero esa misma inteligencia colectiva debe ahora activarse frente a una amenaza igualmente grave: el sabotaje sistemático que el bloque chavista en la Asamblea Legislativa ha emprendido contra la Sala Constitucional.

¿Qué está en juego?

La Sala IV no es simplemente un tribunal más. Es el mecanismo que permite a cualquier ciudadano —sin importar su condición económica, su partido o su influencia— plantarle cara al Estado cuando este viola sus derechos fundamentales. Es el contrapeso que impide que una mayoría legislativa o un Ejecutivo con ambiciones autoritarias atropelle la Constitución. Es, en una palabra, el guardián de las reglas del juego democrático.

Cuando se obstaculiza la integración o el funcionamiento normal de la Sala IV —ya sea bloqueando el nombramiento de magistrados, prolongando artificialmente vacantes o creando incertidumbre sobre su legitimidad— no se está simplemente ganando una batalla política coyuntural. Se está erosionando el andamiaje que hace posible la democracia misma.

El patrón chavista y sus consecuencias

El chavismo —entendido no solo como una fuerza política de la actual Costa Rica sino como un modelo de acción que busca capturar o neutralizar las instituciones de control— ha encontrado en la anterior y en la actual Asamblea Legislativa uno de sus instrumentos favoritos. La táctica es conocida: no destruir las instituciones de frente, sino vaciarlas de contenido, demorarlas, desprestigiarlas y, en última instancia, subordinarlas, de ahí por qué se ciñen en no nombrar los suplentes de la nómina que tiene ya desde hace meses y por qué Nogui, su jefe de fracción dijo que no les interesaba solo la justicia sino que les interesa para nombrar los objetivos que persiguen.

En Venezuela, en Nicaragua y en otros países de la región, ese proceso comenzó precisamente por los tribunales. Una vez que el poder judicial queda bajo control o en estado de parálisis, todo lo demás cede: la libertad de prensa, los derechos de oposición, el resultado de las elecciones y en última instancia toda la democracia.

Costa Rica no es Venezuela, ciertamente. Pero esa diferencia no es un destino garantizado; es un logro que se preserva activamente o se pierde por descuido.

La defensa de la Sala IV

Cuando el ICE ha sido amenazado, los costarricenses salimos a las calles. Bien hecho. Pero la Sala IV está siendo atacada hoy, en silencio, haciéndola caer en el riesgo de que se paralice porque el grupo de gobierno no le gusta que los candidatos no obedecen a sus fines. El daño de una justicia constitucional debilitada no se siente como un apagón ni aparece en la factura de fin de mes y la amenaza es técnica, burocrática, casi invisible. Pero precisamente por eso es más peligrosa: cuando se vuelve evidente, suele ser demasiado tarde. La independencia judicial, así como la energética, una vez perdida, tarda décadas en reconstruirse —si es que se reconstruye.

Lo que se debe exigir

La respuesta ciudadana y de los sectores democráticos debe ser clara y contundente:

Primero, que la Asamblea Legislativa cumpla con sus obligaciones constitucionales en materia de nombramientos judiciales, sin dilaciones que respondan a intereses partidarios o a estrategias de obstrucción que llevan a la destrucción de la democracia.

Segundo, que los partidos que se reivindican demócratas —independientemente de su posición en el eje izquierda-derecha— hagan de la defensa de las instituciones de control una línea de acción innegociable.

Tercero, que la sociedad civil, los sidicatos, los medios de comunicación y la academia eleven el nivel de escrutinio sobre cualquier maniobra que afecte la composición o el funcionamiento de la Sala IV, con la misma vigilancia que se aplica a las concesiones de infraestructura o a las privatizaciones.

Cuarto, que se movilicen todas las fuerzas que defendieron al ICE ahora que es más que evidente la posición de la fracción del gobierno en contra de los nombramientos que permiten la operación eficaz y eficiente, pero además independiente de la Sala IV.

Conclusión

Defender el ICE es defender soberanía económica. Defender la Sala IV es defender la soberanía democrática. Ambas luchas son parte de la misma tarea: preservar un país donde el poder tenga límites y los ciudadanos tengan derechos efectivos. Una democracia que abandona a sus instituciones estratégicas, una por una, no colapsa de golpe. Se vacía lentamente, hasta que un día ya no queda nada que defender.