Elecciones municipales: Cómo valorar los logros?

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Qué maravilla, nuestra Constitución Política promulgada desde 1949 señala: ARTÍCULO 47.- Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley.

Asombra la forma en que los legisladores de esa época previeron tantas cosas y que ahora son cruciales, como la propiedad intelectual que es lo que prevé el artículo citado en el párrafo anterior, tan importante en esta era digital, donde el conocimiento es un factor estratégico y por ello la propiedad de este también lo es.

Casi inmediatamente después del artículo citado anteriormente se define en forma simple y concreta para qué es el Estado y así dice:

ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.

Entonces en este maravilloso documento, que es nuestra Constitución Política, se definieron cosas maravillosas por su proyección a futuro, así como, y en forma muy clara, para qué es el ESTADO. Por tanto toda la estructura de gobierno central y descentralizado debe orientar sus acciones para procurar el mayor bienestar a todos los habitantes. Pero cómo? El mismo artículo nos responde: organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.

Sin embargo es interesante cómo este mismo cuerpo legal monta un órgano que evalúa el funcionamiento de los órganos del Estado, lo denomina Contraloría General de la República y le define sus funciones circunscribiendola a ser es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública. (Tomado del artículo 183 de la Constitución Política)

Interesante es que en la última década la Contraloría evalúa tanto las instituciones por medio del Indice de Gestión Institucional (IGI), como las municipalidades con el Indice de Gestión Municipal (IGM), lo cual se puede considerar un gran avance porque se ha tratado de hacer más objetivo el proceso de evaluación de la gestión de hacienda de las varias decenas de órganos institucionales y de gobierno.

Ahora bien, cuando uno analiza qué miden ambos índices (IGI e IGM) y como es lógico, dado el mandato de que este órgano, la Contraloría, de ser un auxiliar para la vigilancia de la Hacienda Pública, los índices se centran en eso y casi olvidan que el propósito del Estado es procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, así por tanto no se evalúa en forma integral cuál es el aporte real de todos estas entidades a ese bienestar, por ejemplo evaluando los objetivos de desarrollo (por lo menos su formulación) o midiendo el adecuado reparto de la riqueza.

Por otro lado los órganos como las municipalidades que solo reciben el 2.3% del prepuesto del Estado tienen limitaciones más que serias para cumplir sus propósito el cual debe centrarse en procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del cantón, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. De tal manera que parto, para mis afirmaciones siguientes, de que la Contraloría, por su estatus y sus funciones, así como por la asimetría natural de ser un órgano central respecto a las municipalidades como órganos descentralizados y la mayoría rurales, induce a un error valorándolas solo con ese índice y estas (las municipalidades) se ven expuestas a ver dicho índice como un fin en sí mismo y no como lo que es, un índice respecto al manejo de la hacienda pública, pero difícilmente para valorar el logro del mayor bienestar de todos los habitantes del cantón. Para ello se requieren medir otras variables y sobre todo las de largo plazo, no solo las del año de ejecución del presupuesto y el plan operativo.

Por supuesto cuando se habla de valores totales tal y como lo he estado haciendo, no se ven las diferencias entre entidades, pero sí las hay y muy grandes. Por ejemplo y tomando los datos del informe de gestión municipal del 2019 y usando los ingresos totales que se dan para las municipalidades, digamos San José tiene la posibilidad de invertir más de un millón ochocientos de miles de colones (1.819.230.00X1000) por kilómetro cuadrado de superfície (ese cantón solo mide 45 km2), mientras San Carlos pudo solo invertir siete mil siete de miles de colones (7007X1000) por kilómetro cuadrado de superfície (mide 3348 km2). Curioso ambas municipalidades son las que tienen los alcaldes de más de 20 años de gestión.

En el caso de San José el índice de gestión municipal llega a 88,85, mientras para San Carlos fue de 92,5 y ambas se sitúan en los puestos más altos de esa valoración que hace la Contraloría.

No he puesto mucha atención sobre lo que dice el Alcalde de San José respecto a este índice, pero sí que dice el de San Carlos. Su valoración personal es altísima y por eso dice que su municipalidad es la mejor, pero aunque es un logro importante, 20 años después de dirigirla no puede ser el logro que se resalte, porque ya expliqué que este índice está centrado en el cuido de la hacienda pública y si se lee el informe de la Contraloría, casi que el único eje de evaluación para medir el desarrollo es el de Gestión de Servicios Económicos y este se centra en los kilómetros lineales atendidos de caminos, pero en el mismo informe de gestión se concluye, para todas la municipalidades: En relación con los indicadores de este eje, es importante redoblar esfuerzos para mejorar la condición de la superficie de ruedo de la red vial cantonal. En total las municipalidades administran 768.014 km de vías y de este total, al menos 478.268 se encuentran categorizados con una condición de regular a muy mala, lo que representa el 62,27% de las rutas viales cantonales.

Una forma de valorar el logro de bienestar de los pobladores del cantón se dan en otros instrumentos, como los que proporciona el INEC. Arriba a este párrafo se presenta un gráfico construido por mi desde los datos publicados por esa institución en el 2019 (fuente), donde se comparan los niveles educativos del País, la Región Central y la Región Huetar Norte. El nivel educativo aquí expuesto considera básicamente a los que estuvieron más los que terminaron dicho nivel.
Así a nivel País había casi un 40% de personas con educación primaria completa o no, mientras en la Región Central del País se baja ese nivel a 36.2% y en nuestra Región sube casi 10 puntos, llegando a 48.09% o sea casi la mitad de la gente tiene primaria o menos.
Por otro lado en la universitaria el País tiene un 17, 74%, la Región Central un 22,16 y la Región Huetar Norte se derrumba a 7.7, diez puntos menos que la media del País y 14,46 más que la de nosotros. La Central tiene prácticamente tres veces más personas, porcentualmente hablando, que han entrado a estudiar en una universidad. Esto si se analiza en términos brutos es más complejo.

Los datos del gráfico anterior se obtienen de las publicaciones del INEC (fuente). Este nos dejan más clara la situación, aunque los datos son del censo del 2011. Montes de Oca, posiblemente por la presencia de la universidad más grande del País, tiene la extraordinaria cifra de 44.97% de su población con educación universitaria (no se aclara en los datos publicados si es concluido el nivel o no, supongo es la suma de ambos grupos). La media nacional de la franja de educación universitaria es de 17,43%, mientras San Ramón tiene casi lo mismo, pero San Carlos salen en el gráfico con 10,47% y más de la mitad de su gente con primaria o ninguna instrucción.

Los datos de este otro gráfico corroboran lo visto por región, aunque la Región está más mal ya que se incluyen los datos de los cantones más pobre, tales como Guatuzo, Upala, Los Chiles.

Para terminar esta nota y sin dejar de señalar que los datos y análisis no son exhaustivos, se presentan los datos de algunos cantones con su respectivo Indice de Desarrollo Social (IDS). Esta es la medición que usa MIDEPLAN para saber el grado de desarrollo de una localidad, en este caso cantones. Se coloca en el gráfico el cantón con mayor IDS, Escazú con 100%, pero también se presentan otros que sirven de referencia por ser cantones vecinos a San Carlos, como San Ramón y Zarcero.
Upala y San Carlos son de la misma región (RHN) y muestran del año 2013 al año 2017 una leve mejoría, pero con índices casi extremos. Grecia San Ramón y Zarcero superan a San Carlos por 20 o más.

En conclusión, dado el ordenamiento de la Contraloría su método de evaluación se concentra en medir la gestión de la hacienda publica y por eso crea un sistema de valoración (IGI e IGM) muy asociado a esta función. Sin embargo el Estado y en particular las municipalidades tiene que procurar el mayor bienestar de los habitantes del país y del cantón, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.
Cuando se utilizan otros índices que permiten evaluar el bienestar se puede ver cómo el cantón de San Carlos esta en una situación de debilidad y que no ha cambiado mucho, pues entre el año 2013 y 2017 no hay un cambio significativo entre los valores del IDS. Los desafíos son brumadores.

Por supuesto se puede argumentar, como se hace con frecuentas por parte de los alcaldes, que la función de desarrollo o la de educación son una obligación del Gobierno Central, pero esto no pasa de ser una simple excusa y más cuando desde hacer una década se aprobó la  Ley General de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, (N° 8801 del 28 de abril de 2010) en la que se define que se pueden descentralizar funciones y trasladar presupuesto para su atención a las municipalidades, condición que permitiría que los cantones se puedan gestionar con una mayor autonomía. Hablaré de esto después.